Autor: UCC-Cantabria

COMUNICADO DE PRENSA
11-04-2020

Cuando ha transcurrido prácticamente un mes desde la declaración del estado de alarma, mientras la colectividad trata encajar el duro golpe y mientras cada ciudadano aporta su colaboración desde su puesto de trabajo o quedándose en casa, existen colectivos profesionales que se ven obligados a luchar en lo que ya se ha llamado “la primera línea”, principalmente los sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad. Es claro que, como país, estamos obligados a proteger a quienes nos están protegiendo, para que puedan seguir haciéndolo con el menor riesgo para su vida y su salud.

En este sentido es evidente que nuestro país ha quedado expuesto e indefenso pues no ha sido capaz en todo este tiempo de suministrar los equipos de protección individual necesarios a los profesionales sanitarios, ni dotarles siquiera de una mascarilla eficaz. Como tampoco lo es, hoy por hoy, de garantizar el suministro generalizado de mascarillas a la población. Como consecuencia, nuestros sanitarios, y demás profesionales (policías, etc), trabajan expuestos y no es descabellado pensar en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que el Estado tendrá que afrontar cuando termine este terrible periodo que vivimos. Y ello por cuanto no hemos sabido, como país, proteger a quienes tienen la misión de protegernos y curarnos, en tanto en cuanto no hemos sido capaces de suministrarles los equipos básicos de protección que necesitan para esta labor y les hemos pedido que acudan a trabajar a pecho descubierto, exigiendo un sacrificio que va más allá del cumplimiento estricto del deber.

 Tampoco hemos sabido llevar a cabo las pruebas que permitirían saber los casos reales afectados. Hemos tenido, y seguimos teniendo, personas sintomáticas que han pasado su confinamiento y han vuelto a la actividad tras el alta sin confirmar si han pasado la enfermedad. Hasta hace días los propios sanitarios no disponían de los test necesarios para saber si habían sido contagiados.

 Seguimos sin conocer el número real de contaminados en España. Se nos ofrecen los datos de contaminados comprobados, pero la falta de test entre la población pone en entredicho la veracidad del número de contaminados que se nos ofrece por el Gobierno, así como la tasa de mortalidad real. La información que se nos ofrece es por definición sesgada y no sabemos  cuántos test se han hecho ni a quiénes y por qué orden se hacen.

  • Número real de contaminados en España: no se sabe.
  • Número real de comprobados: no se sabe.
  • Número de contaminados comprobados: es la estadística oficial.

 En cuanto a la Tasa de mortalidad real:

  • Número de fallecidos contaminados: no se sabe.
  • Número de fallecidos de los contaminados comprobados: es la estadística oficial.

Nuestras autoridades perdieron la oportunidad de obrar como en otros países que efectuaron test masivos a la población y consiguieron aislar mejor los contagios. 

Nuestra organización entiende que es imperativo que el Estado haga lo que tenga que hacer, lo que sea necesario, para adoptar las medidas de precaución imprescindibles contra la pandemia, que no son sino producir EPIS, MASCARILLAS Y TEST. Y que ha de hacerlo por sí mismo, sin depender de productores exteriores,  en nuestro propio país, y sin vernos expuestos a un mercado internacional que ha demostrado su inoperatividad, su egoísmo y la misma falta de escrúpulos a nivel global (robos de material entre países, incautaciones de productos comprados, como los respiradores de Turquía,…) que la que tiene a nivel local quien pretende lucrarse con la venta de mascarillas. ¿Por qué no se produce en España dicho material?¿Cómo es posible que ciudadanos individuales sean capaces de ponerse a coser mascarillas en sus casas y que el Estado, con todos sus recursos y con la fuerza de la ley, no sea capaz de hacer lo mismo? ¿Cómo es posible que tras un mes de confinamiento no seamos capaces de poner a trabajar al tejido productivo que tengamos aún y de movilizar todos los recursos nacionales para frenar esta epidemia?

Por este motivo, nuestra Asociación se dirigirá por escrito al Ministerio de Consumo a fin de exigir la intervención del Estado en la producción de EPIS, MASCARILLAS Y TEST, así como la distribución de mascarillas a la población española de forma gratuita. O bien, al menos se garantice su distribución con un precio de venta al público reglado.

Santander, a 11 de abril de 2020.

Junta Directiva de Unión de Consumidores