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EL SUMINISTRO DE AGUA, BASURAS Y ALCANTARILLADO.

El suministro de agua no es un servicio cualquiera.

Se trata de un suministro esencial para el desarrollo y desenvolvimiento de la vida humana. No es nuestra opinión únicamente: así lo tiene declarado, por ejemplo, la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) cuando en sus Considerandos iniciales establece que “el agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal.”

Tradicionalmente considerado como un servicio público y gestionado por la Administración local, hemos visto como en los últimos tiempos, su gestión y cobro ha salido de la esfera pública para integrarse en la privada, de forma que un conglomerado de multinacionales y empresas de construcción o de gestión, gestionan, valga la redundancia, este recurso, y recaudan las tasas correspondientes en lugar de la Administración.

Silenciosamente, sin estridencias, sin oposición, casi con naturalidad, maquiavélica e inexorablemente, el agua dejó de ser un recurso público en la mayor parte de España, para pasar a convertirse, precisamente en lo contrario: en un bien comercial “como los demás”.

Ello mediante un proceso de privatización, silencioso pero implacable, que ha conducido a que, lo que antes era un recurso público, de todos, constituya ahora la materia prima de un negocio millonario prestado por poderosas empresas, al amparo de la Administración a quien el servicio corresponde. La cual, considerando seguramente, que gestionar la cosa pública es demasiado complicado, tedioso o poco gratificante, ha preferido externalizar sus servicios para ponerlos en manos de corporaciones multinacionales que a cambio de contraprestación, gestionan un servicio público cuya titularidad, realmente, sigue siendo pública. La Administración dejó así de ser la garante de un servicio público, de todos, para convertirse en amparadora y garante de intereses pecuniarios espúreos y ajenos al interés público.

No podemos dejar de pensar en algo que no por evidente ha de dejar de mencionarse en voz alta: La empresa privada busca beneficio. Consecuentemente, la búsqueda de tal beneficio es legítima en nuestro sistema económico.

Es pueril pensar que la gestión privada no conlleva el menoscabo del servicio público. Hemos de dar por cierto que la consideración del agua como un bien mercantil supone que la empresa privada que gestione este servicio público ha de sacar un beneficio económico.

Y con base en esta consideración hemos de pensar que el marco regulador se ha aclimatado progresivamente a hacer posible este aprovechamiento económico del agua.

Y, sin embargo, hay principios inmutables que no han cambiado en modo alguno y que deben prevalecer a la hora de informar la normativa de desarrollo. Son principios que tenemos olvidados, pero que fueron conquistas sociales, logros de todos y cada uno de nosotros, en tanto en cuanto miembros de la sociedad de la que formamos parte.

Sucesivas hornadas de indolencia y abandono en la gestión de la cosa pública nos han acostumbrado a pensar de otra forma. Más aún, se nos ha inducido interesadamente a pensar de otra forma: que lo público es malo y lo privado bueno. Que la gestión pública es mala y que la gestión privada es buena. Que por eso lo público no funciona. Que, por eso, hay que privatizar, para mejorar la gestión.

Y así, poco a poco, nos hemos despatrimonializado como sociedad y hemos abandonado criterios de justicia y proporción en la gestión pública en beneficio de corporaciones que piensan que lo público es bueno si lo gestionan ellos y son ellos quienes obtienen su beneficio.

Y de esta suerte nos indujeron a pensar que si lo público no funciona es porque el sector público en sí mismo, es malo, en lugar de formular el postulado más razonable: que si el gestor público es nefasto, lo que hay que hacer es cambiarlo, si es inútil, hasta dar con el adecuado. La solución no puede ser desprenderse del recurso en sí y dárselo a un tercero interesado para que se lucre.

Detrás de cada privatización en España hay un político inútil que, con candor infinito, y una sinceridad brutal, reconoce públicamente su propia inutilidad y les dice a sus conciudadanos: “Mirad: como esto no tiene remedio y yo soy demasiado tonto para arreglarlo, es mucho mejor que se lo demos a otro más listo que lo arregle, y ya verás qué bien”.

Y nosotros, sus conciudadanos, hartos de ver malas gestiones y deseosos de respuestas fáciles a problemas complejos, decidimos hace tiempo dejarnos seducir con el lenguaje rabulenio con el que los patrocinadores del expolio de lo público nos han convencido de que privatizar lo público es la solución de nuestros males, y el principio de una mejor gestión de lo público.

De la misma manera hemos convertido las privatizaciones de lo público (expresas o encubiertas) en terrenos abonados para la especulación, la corrupción y el saqueo de los recursos que son de todos.

Lo hemos hecho entre todos. Unos, patrocinando la idea y apoyándola intelectualmente. Y otros, abandonando el campo al enemigo y permitiéndole enseñorearse de él, sin oponer resistencia ni alzar voz alguna.

Pero preguntémonos: ¿Cómo es posible, entonces, que lo que antes era deficitario (lo público) sirva ahora para que entidades con ánimo de lucro obtengan beneficios?