UCC exige la intervención del Gobierno de Cantabria en el control de las tarifas del mercado libre

La asociación independiente de consumo en la Comunidad Autónoma asegura que el encarecimiento de la factura de la luz es prueba del fracaso de España en la liberalización del mercado

 

La Unión de Consumidores de Cantabria (UCC) muestra su rechazo a las nuevas tarifas eléctricas que afectarán a los cientos de miles de hogares de toda Cantabria y solicita a la Dirección General de Industria del Gobierno de Cantabria que “asuma el desafío” y “la necesidad de verificar que no se producen desajustes en las facturaciones de mercado libre”, ni que “los costes regulados se repercuten correctamente al consumidor por parte de las comercializadoras que trabajan en nuestra región”.

Tras la entrada en vigor, el pasado 1 de junio, de las nuevas tarifas eléctricas, desde la UCC se considera que la modificación tarifaria se basa, resumidamente, en los siguientes cambios:

• Tres tramos horarios, con distintos precios, con distinción entre horas punta -las más caras-, valle -las más baratas- y llano -un tramo intermedio-. El tramo más barato para el usuario discurre entre las 00.00 horas y las 08.00 horas de lunes a viernes, los fines de semana y festivos;
• Posibilidad de contratar dos potencias distintas.
• Unificación de todos los contratos de menos de 15 kw/h contratados. Desaparición de las tarifas 2.0A, 2.0DHA, 2.0AHS, y aplicación de la tarifa 2.0TD a todos los usuarios.

Para la UCC, el enésimo intento gubernamental de regular la tarifa eléctrica con el fin de abaratarla nace con los peores augurios y con todas las organizaciones de consumidores del país criticando dicho marco tarifario y pronosticando brutales subidas.

La tarifa de la luz sigue siendo una de las más notables asignaturas pendientes para nuestros gobernantes, en la que han venido suspendiendo cada uno de los gobiernos de nuestra democracia. Y todo ello es, en sí mismo, prueba de que:

• Todos los Gobiernos saben bien que hay una verdad insoslayable: que la factura de la luz, tal y como se viene cobrando, es manifiestamente injusta para el consumidor.
• Todos los Gobiernos han fracasado indefectiblemente a la hora de abordar este problema.
• En el tratamiento de la tarifa eléctrica no se quiere partir de un hecho primario y fundamental que no es otro más que la luz es un suministro básico, no un lujo. Un suministro que es necesario ineluctablemente para el desarrollo de una vida normal en nuestra sociedad. Que desde que se desató la crisis han sido cinco millones las personas que se han encontrado en situación de corte de suministro, en lo que se ha denominado ya “pobreza energética”, y que el recibo de la luz, en sí mismo ha sido una forma de recaudación para el propio Estado que cobra un 21 % de IVA, además del impuesto especial sobre la luz (otro 5%) que, además, integra la base imponible (impuesto que se cobra sobe impuesto).

En definitiva, desde la Unión de Consumidores de Cantabria se propugna que no hay forma cabal de abordar una reforma de la tarificación de la luz que no contemple un mínimo para cada ciudadano a un precio asequible y una facturación por tramos de consumo que propicie el ahorro energético, cualquiera que sea la hora del día en el que se produzca el consumo, y penalice el despilfarro. Además de aplicar una rebaja del IVA que ponga la recaudación de este impuesto en tamos inferiores, tal y como ocurre en países de nuestro entorno, donde los tipos de gravamen son muy inferiores.

Para la UCC es preciso acabar con los privilegios de las compañías distribuidoras y que la red de distribución, por la que el Estado pagó en su momento, ya que la instaló, debe ser pública. No es cabal repercutir los costes de una instalación al consumidor en cada recibo mensual, sin que además haya garantía alguna de que tal coste sea real. Por otro lado, si realmente se trata de un coste de mantenimiento de la red, no es conforme a razón que todos los usuarios deban contribuir a sufragarlo sin tener en cuenta su sistema de renta. Esta contribución a costes fijos de la red, que de ser público el sistema recaería en impuestos que se cobrarían por nivel de renta, se paga hoy por igual entre todos, con independencia de la renta de cada ciudadano.

Por eso, el sistema es doblemente injusto, pues ni la repercusión de costes de la red al ciudadano tiene en cuenta el principio constitucional de contribución en función del nivel de renta, ni el IVA, por definición, tampoco.

Liberalización de mercado: un fracaso y un fraude

El hecho de que en la actualidad se tema que la repercusión a clientes del mercado libre será peor y más encarecedora que para los que continúan en mercado regulado, es prueba manifiesta de que la liberalización del mercado energético en España ha sido un fracaso y un fraude. Porque si después de más de diez años de liberalización de mercado la mitad casi de los usuarios sigue en tarifa regulada (PVPC- antes TUR), que iba a ser una tarifa residual, es que el consumidor, sencillamente no confía en ese mercado. Máxime cuando quienes están en mercado libre no saben ni que lo están. Y si lo están no es por haber buscado precios, comparado, etc, con distintas comercializadoras, sino porque se han cambiado de comercializadora y cuando han ido a contratar se les ha hecho un contrato de mercado libre. Sin más.

Para finalizar, desde la asociación independiente de consumo en Cantabria se considera muy preocupante que la traslación al mercado libre de las tarifas porque las comercializadores del mercado libre tienen que adaptar el precio de sus tarifas para trasladar la variación del componente regulado de sus facturas. Las compañías están ya notificando los cambios a sus clientes o lo harán pronto. Y estos podrán quedarse o marcharse a otra, en un mercado que, como ya hemos expuesto,  deja en desamparo al consumidor pues no sabe cómo funciona. Pero esto no es excusa para que el Estado haga dejación de funciones y deje de controlar que la traslación se haga correctamente.

Por eso, desde la UCC se considera que la Administración, en este caso, la Administración de cada Comunidad Autónoma, debe vigilar porque las comercializadores de mercado libre no trasladen a sus tarifas excesos de facturación aprovechándose de las circunstancias y de la situación de indefensión del usuario del mercado eléctrico.